El plan urbanístico diseñado por el
Ayuntamiento de Madrid, junto a Mahou y Club Atlético de Madrid, por
el cual cedían los terrenos de sus instalaciones para la
construcción de 4 torres de edificios de hasta 30 plantas de altura,
más espacios verdes e instalaciones de uso terciario, entra en un
pequeño paréntesis. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a
través de la Sala Primera de lo Contencioso – Administrativo, ha
estimado parcialmente el recurso de la asociación Señales de Humo,
opositora a la gestión de la familia Gil.
La sentencia, con fecha del 20 de
enero, estima parcialmente el recurso, amparado en que el Plan
General de Ordenación Urbana del Calderón – Mahou “no es
conforme a Derecho”. Cabe recordar que el Gobierno regional de
Esperanza Aguirre aprobó en Diciembre de 2009, una modificación
puntual del PGOU madrileño para permitir el derribo de la fábrica
de cervezas y del actual estadio del Atlético de Madrid.
El recurso presentado por Señales de
Humo contemplaba, además, varios aspectos en los que se vulneraba la
actual Ley del Suelo de Madrid. En concreto, apuntaba a que el
proyecto sólo buscaba favorecer el interés del Atlético, con la
consecuencia de poder evitar una pérdida de votos, y de la
ocultación del proyecto a la Información Pública, como obligación
legal por parte del Consistorio Madrileño. También se recurrió
contra la inviabilidad del proyecto por la falta de solvencia
económica de las partes, y por la altura de las edificiaciones
propuestas.
La sentencia, recurrible por las partes
mediante recurso de casación en un plazo de diez días ante el
Tribunal Supremo, sólo admitió a recurso la vulneración de las
alturas edificables recogidas en el PGOU, que recoge que “todas las
nuevas edificaciones deberán tener un máximo de altura de tres
plantas más ático, incluida la planta baja, plantas retranqueadas y
semisótanos que sobresalgan más de un metro”. La ley acepta
alguna salvedad para determinados edificios, pero la Sala no ve
motivos para hacer tal excepción con edificaciones excepcionales
bien motivadas y explicadas. Todo con el objetivo de “impulsar un
nuevo modelo de ciudad más humano, y acorde a las aspiraciones de
calidad de vida de la sociedad madrileña”.
El proyecto que se
pretendía
Atlético
y Mahou, cuando propusieron la venta de sus instalaciones al equipo
de gobierno de Ruiz Gallardón, en el año 2007, calculaban unos 260
millones de beneficio totales, por la venta de los terrenos y la
explotación para construcción y venta de pisos posterior. Pero el
estallido de la Burbuja Inmobiliaria y la crisis económica del país
dieron un bajonazo grande a sus aspiraciones.
Las
partes renegociaron el acuerdo, en el que Atlético y cervecera
tenían que pagar el 60% de las obras de soterramiento de la M-30 a
su paso por el Calderón, unos 40 millones, a los que hay que sumar
la total edificicación de la zona, unos 50 millones en total. El
Atlético también tenía que hacer frente a la construcción de su
nuevo estadio, con un coste de 160 millones de euros, y la
construcción de una pista olímpica, en caso de que Madrid saliera
como sede olímpica, al igual que ahora.
El Tribunal de Justicia Superior de
Madrid echó por tierra el mega proyecto del ayuntamiento de Madrid,
que pretendía hacer cuatro torres de hasta 30 plantas en el suelo
que ahora ocupan la antigua fábrica de Mahou y el Estadio Vicente
Calderón.
Todo
ello para la construcción de pisos en lo que es el actual solar de
la Fábrica de Cervezas de Mahou, cuya demolición comenzó en abril
del año 2011, de lo que se encarga la constructora FCC (Fomento,
Contratas y Construcción), a los que el Atlético de Madrid vendió
sus derechos inmobiliarios a cambio de la construcción del nuevo
Estadio, a coste cero para el club, pero sin ningún tipo de
beneficio económico, puesto que la explotación de los terrenos del
Calderón tras su venta y demolición sería competencia de la
constructora.
Gil Marín: “La
sentencia no afecta al Atlético”
Tras
conocerse la sentencia, todo el mundo acudió a preguntar al
consejero delegado del Atlético de Madrid, y máximo accionista del
club, Miguel Ángel Gil Marín. “Esto es un tema entre Mahou, FCC y
Ayuntamiento. No tenemos nada que ver en ello, pero la sentencia
tiene razón”, dijo el dueño del Atlético, y condenado a pagar
más de 100 millones de euros a Hacienda el año pasado por los
desmanes económicos de la familia mientras su padre fue alcalde de
Marbella.
El
dueño del club entendía que la sentencia, a pesar de paralizar
temporalmente las obras hasta su resolución, confirmaba el plan que
se aprobó. “La
Comunidad fijó por Ley que la altura máxima de los edificios era de
tres alturas más ático. No puede aprobar ea norma y luego
justificar edifico a edificio la exención. Para
nosotros queda consolidada la venta a Fomento", sentencia Gil
Marín.
Tras
la venta de sus derechos inmobiliarios a FCC, el máximo accionista
del Atlético considera que ahora serán Mahou y FCC los que tendrán
que ocuparse del recurso de casación y de presentar un nuevo plan
parcial, de acorde con la ley. “Puede que las zonas verdes se
tengan que reducir para cumplir con la ley de edificabilidad y la
altura de los edificios sea la correspondiente”, expresó
finalmente el antiguo estudiante de veterinaria, y heredero del
fallecido Jesús Gil.
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